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C. P. S.

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025

El Tribunal Arbitral de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi o Uncitral en español) ha desestimado este viernes iniciar siquiera el arbitraje pedido por la compañía contra ese Estado centroamericano, en una decisión que ha contado con un voto particular en contra. No obstante, Sacyr afirma que seguirá defendiendo las reclamaciones contra Panamá ante otro tribunal arbitral con sede en Miami (ICC), en ese caso junto a sus socios en la obra, el consorcio GUPC que formaban otras constructoras internacionales.

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El matiz jurídico en este caso que más interesaba a la empresa que preside Manuel Manrique es que en los prolegómenos del proceso ante Uncitral, este tribunal arbitral había dado por bueno en 2022 que las actuaciones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), operadora de la infraestructura y promotora de su proyecto de ampliación, podían atribuirse directamente a este Estado centroamericano, de manera que la reclamación podía subir de nivel por el incumplimiento que Sacyr denunciaba del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproco de Inversiones entre España y Panamá (APPRI). Pero al rechazarse ahora entrar en el fondo del asunto, ni siquiera se ha podido llegar a concretar una hipotética indemnización por la ampliación del Canal hace una década en este caso, esperaba obtener unos 1.000 millones en solitario.

El Gobierno de Panamá se había armado para defenderse de este arbitraje abierto por Sacyr a través de la contratación de asesores legales de renombre, según señala Europa Press. En concreto, destinó hasta 5,6 millones de euros para encargar a la firma estadounidense Arnold & Porter Kaye Scholer su representación ante el tribunal.

Se trata de un contrato que ha arrastrado varios años de litigios entre Panamá y el consorcio GUPC -participado al 41,6% por la constructora española-, debido a que la obra se adjudicó por 3.200 millones de dólares pero acabó costando 5.580, casi el doble. En 2020, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, aseveró que se trataba de «una historia del pasado de la compañía», intentando así pasar página y en las últimas juntas de accionistas reiteró que todos los importes que pudiesen resultar negativos para la empresa ya están provisionados. «Solo podemos obtener ganancias», argumentó.

Los últimos avances en torno a este litigio fueron la recuperación en 2022 de 250 millones de dólares en garantías por parte del consorcio constructor y, en la parte negativa para el GUPC, el rechazo por parte del Tribunal Supremo de EE UU de un recurso que presentaron esas constructoras contra un pago que tuvieron que hacer de 265 millones de dólares a la Autoridad del Canal de Panamá en 2020.

Source: www.hoy.es