Cuando se cumple medio siglo de la movilización que forzó la salida de España de su antigua colonia, Rabat afronta el reto de presentar un plan de “autonomía verdadera” ante la comunidad internacional

Medio siglo después de la llamada Marcha Verde —la masiva movilización humana con la que Marruecos forzó en 1975 la salida de España de su colonia del Sáhara Occidental—, Rabat cree haber culminado aquella operación que le permitió hacerse con el control del territorio. Y ahora lo hace con el aval de Naciones Unidas. Una resolución adoptada sin ningún voto en contra por el Consejo de Seguridad el pasado viernes establece el plan de autonomía de Rabat como base para una solución negociada en el Sáhara. Marca así “un antes y un después” en el conflicto, en palabras de Mohamed VI, actual monarca de la dinastía alauí.

Hasán II había lanzado la Marcha Verde en noviembre de 1975 mientras agonizaba en Madrid el dictador Francisco Franco. Y, tras el apresurado abandono de España del territorio a comienzos de 1976, estalló una guerra abierta entre Marruecos, respaldado por Francia y Estados Unidos, y el Frente Polisario (que defiende la independencia), con apoyo de Argelia y Libia, que se prolongó hasta el alto el fuego apadrinado por la ONU en 1991. Fue entonces cuando se creó la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso), aunque esa consulta de autodeterminación nunca llegó a convocarse, bloqueada por disputas en la confección del censo de votantes.

Rabat presentó como alternativa en 2007 una propuesta —un estatus de autonomía para el Sáhara Occidental pero bajo soberanía marroquí— que ya respaldó España, por sorpresa, en 2022 y que ahora ha recibido el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Mientras tanto, las revueltas nacionalistas se han ido apagando en el territorio saharaui desde 2010.

En noviembre de ese año, una acampada pacífica de Agdaym Izik, en los alrededores de El Aaiún, derivó en sangrientos disturbios en los que perdieron la vida manifestantes saharauis y agentes de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Desde El Aaiún, Baira Abdelatif, chej (jefe) de la tribu saharaui Ulad Busbaa, abiertamente promarroquí, dice sentir “una euforia festiva”. “La experiencia vivida en el Sáhara tras la retirada de España ha sido de progreso económico y bienestar social. Tenemos la esperanza de que nuestros conciudadanos refugiados en Tinduf puedan compartirlo”, asegura este empresario del sector de la construcción, de 64 años. Considera que Marruecos ha implantado infraestructuras urbanas y rurales sin escatimar esfuerzos.

Desde Tinduf, el Frente Polisario se niega admitir que haya sufrido una derrota en la ONU, pese a que tan solo Argelia dio la espalda (boicoteando la votación) a la resolución en favor de Rabat. Al mismo tiempo, precisa que el Consejo de Seguridad solo ha dado luz verde a negociar “una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, basada en el plan de autonomía, que permita la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

El Frente Polisario comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, que no se opone a la autonomía siempre y cuando se someta a referéndum junto con la opción de la independencia. Rechaza además participar en cualquier proceso político que legitime la “ocupación militar”.

La profesora Djimi Ghalia describe desde El Aaiún que lleva “una vida anormal bajo la represión, la vigilancia y las represalias”. Esta militante nacionalista saharaui, que pasó 16 de sus 63 años de edad en una prisión secreta marroquí acusada de simpatizar con el Frente Polisario, reconoce que se han registrado transformaciones en las infraestructuras del territorio.

“Aunque esas transformaciones han servido sobre todo para cambiar la estructura demográfica saharaui”, matiza. “El Sáhara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos que esperan su descolonizacion en el mundo y necesita beneficiarse del derecho a la autodeterminación. La autonomía sigue siendo solo una opción, junto a la anexión y la independencia”, sentencia.

El Instituto Nacional de Estadística español registró a cerca de 75.000 saharauis junto a 30.000 españoles en el censo de población elaborado en 1974. Hoy, en el territorio de la antigua colonia se contabilizan cerca de un millón de habitantes, de los que entre el 10% y el 15% tienen raíces en la que fue provincia española número 53, y el resto procede de distintas zonas de Marruecos.

Fuentes conocedoras de la situación sobre el terreno en el Sáhara estiman en 110.000 la cifra de residentes autóctonos procedentes de la era colonial, a los que habría que añadir al menos unos 45.000 en Tinduf y otros 60.000 en la diáspora en países europeos.

Rabat presenta aún de forma indefinida su plan de autonomía para el Sáhara. El propio rey Mohamed VI anunció en su mensaje televisado de la noche del viernes que Marruecos va a “actualizar” la propuesta de 2007. Su ministro de Exteriores detalla que la revisión consistirá en adaptarlo a la Constitución de 2011 y al proceso de “regionalización avanzada”.

“Nuestra vida desde el 26 de febrero de 1976 [cuando se arrió la última bandera española en el Sáhara] ha cambiado mucho. La retirada de España nos afectó en todos los ámbitos”, dice Bucharaya Bahi, presidente de la asociación Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española. “En general, vivir en el Sáhara no es fácil. Cada día debo cuidar las palabras que digo”, sostiene desde El Aaiún este jurista de 56 años.

Desde la sociedad civil, Bucharaya Bahi opina que la resolución del Consejo de Seguridad del viernes mantiene el mismo lenguaje ambiguo de los últimos años. “No ofrece una vía clara de solución. La ONU sigue gestionando el conflicto, no resolviéndolo”, sostiene, “y “cualquier opción que se imponga a una de las partes anula el principio mismo de la autodeterminación”. “Pero lo más sorprendente”, concluye el responsable de la asociación que busca la restitución de la nacionalidad española a los saharauis autóctonos, “es la ausencia de España, que sigue siendo formalmente potencia administradora del territorio”.

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Source: elpais.com