La Unión Europea sigue dividida sobre cómo frenar la circulación de material de abuso sexual infantil a través de internet. Después de tres años de negociaciones, los Estados miembro aún no han llegado a un acuerdo sobre la propuesta de reglamento que busca obligar … a plataformas de mensajería como , Telegram y servicios de correo electrónico como Gmail a detectar, reportar y eliminar material de abuso sexual infantil, así como a tomar medidas contra el acoso. Según los críticos, que denominan a la propuesta como ‘Chat Control‘, este enfoque podría abrir la puerta a que las compañías de internet comiencen a escanear masivamente las comunicaciones digitales de los ciudadanos europeos, incluidas las que están protegidas por el cifrado de extremo a extremo para que nadie pueda acceder a ellas. Sin embargo, su supervivencia está lejos de ser segura.

«El resultado de la reunión de mañana sigue siendo incierto«, explica a ABC Patrick Breyer, exdiputado alemán del Parlamento Europeo y uno de los mayores activistas en contra de la propuesta. »Mi mayor preocupación es que (Chat Control) establecería una infraestructura sin precedentes para la vigilancia masiva. Destruiría la privacidad digital de todos los ciudadanos al obligar a los proveedores a escanear todos los mensajes, fotos y videos privados. Esto vulneraría el cifrado de extremo a extremo, dejando las comunicaciones de todos vulnerables a piratas informáticos, gobiernos extranjeros y abusos. Es un ataque a nuestros derechos fundamentales que trata a cada ciudadano como sospechoso«, remarca el político, miembro del Partido Pirata.

El Consejo Europeo tenía intención de votar la propuesta de ley el pasado 14 de octubre. Sin embargo, la oposición de Alemania al escaneo obligatorio de las comunicaciones supuso una barrera insalvable para su aprobación. El gobierno germano, junto con otros países preocupados por la privacidad y el cifrado, advirtió que la legislación podría tener efectos perjudiciales para los derechos fundamentales de los ciudadanos. La falta de una mayoría cualificada que apoyara la propuesta obligó a la presidencia danesa a posponer la votación, lo que generó aún más incertidumbre sobre el futuro de la normativa. Ahora, Dinamarca también se ha posicionado en contra de su aprobación, lo que dificulta que esta pueda avanzar, al menos por el momento.

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