Cada vez que un Gobierno intenta ocultar sus cartas, corre el riesgo de que la falta de coordinación lleve a alguno de sus miembros a meter la pata. El secretario de Estado británico para Asuntos Europeos, Nick Thomas-Symonds, que comparecía a finales de 2024 ante una comisión de la Cámara de los Lores, sugirió allí por primera vez que Downing Street estaría dispuesto a contemplar un Esquema de Movilidad Juvenil (con permisos limitados para trabajar o estudiar), un objetivo planteado el pasado mayo por la Comisión Europea y deseado por países tan potentes como Alemania.

Hasta entonces, Londres se había resistido a debatir esa posibilidad.

“Debe ser la UE la que defina sus propuestas y las ponga sobre la mesa. Dependerá mucho de a qué se refieren cuando hablan de movilidad juvenil”, admitió Thomas-Symonds con una franqueza que la oficina del primer ministro convirtió de inmediato en imprudencia. “Creo que el ministro ha dejado claro que nunca regresaremos a la libertad de movimiento de personas de la UE”, dijo pocas horas después un portavoz de Keir Starmer. “Y ya hemos señalado claramente que no estamos siquiera considerando un Esquema de Movilidad Juvenil”, afirmó.

Y, sin embargo, a pesar de ser consciente de que la recuperación de un espacio de libertad para jóvenes trabajadores y estudiantes de ambos lados del canal de la Mancha contribuiría a impulsar el tan ansiado crecimiento económico en el Reino Unido, el Gobierno de Starmer salta a la defensiva cada vez que surge el asunto.

Varias encuestas anteriores ya habían dejado claro antes que la movilidad juvenil es uno de los asuntos que más apoyo suscita entre votantes de izquierda y derecha.

La Comisión Europea, que proponía permisos de trabajo o estudio de hasta cuatro años para los menores de 30, confiaba en que el nuevo Gobierno laborista acogiera de buen grado la iniciativa.

Starmer, sin embargo, tuvo que hacer frente nada más comenzar su mandato a. Y durante sus primeros meses de mandato se conoció que el dato neto de inmigrantes que entró en el Reino Unido en 2023 fue de más de 900.000, muy por encima de los 700.000 que ya habían agitado al electorado cuando se anunciaron las cifras provisionales.

“Está claro que hay diferentes tipos de migración, y que la movilidad juvenil presenta un aspecto más positivo. Pero sigue habiendo mucha preocupación. Es un asunto muy delicado para muchos diputados, que los votantes de sus circunscripciones electorales les plantean una y otra vez. Es un área en la que el Gobierno de Starmer se siente vulnerable ante posibles ataques de la derecha”, señala a EL PAÍS Ed Turner, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aston y del Aston Centre for Europe.

Pero a los miedos de Starmer se unen sus cálculos políticos. El Gobierno laborista, concentrado en manejar las reacciones adversas que ha provocado su primer presupuesto, ha pospuesto hasta el primer trimestre de 2025 el inicio de cualquier negociación con la UE. Su prioridad es reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa. A continuación, introducir mejoras en las condiciones del acuerdo comercial que estableció las reglas post-Brexit.

“Saben que disponen de una baza negociadora. El Reino Unido va a tener ciertas demandas, en este nuevo intento de reiniciar las relaciones con la UE, y es consciente de que [el Esquema de Movilidad Juvenil] es algo que Bruselas quiere a cambio. Estoy convencido de finalmente se llegará a algún acuerdo sobre esta materia, pero creo que habrá más entregas y concesiones. ¿Por qué malgastar una de tus mejores cartas cuando aún no han comenzado las negociaciones?”, se pregunta Turner.

“Fue un intento claro de evitar cualquier acuerdo bilateral entre Londres y otra capital europea, porque lo cierto es que el grueso de esta materia es realmente una competencia estatal. Los Estados miembros de la UE pueden cerrar pactos con un tercer país en aspectos migratorios. Y preocupaba a Bruselas que todo este asunto acabara encarrilándose por la vía unilateral”, señala Turner.

Finalmente, junto al recelo que despierta cualquier asunto migratorio en la política británica, hay una cuestión económica de primer orden. Desde hace más de 10 años, las universidades públicas del Reino Unido no podían cobrar más de 9.250 libras (unos 11.160 euros) por la matrícula anual a los estudiantes británicos o con permiso de residencia en el país. A partir del año que viene, el Gobierno de Starmer ha subido ese límite hasta las 9.535 libras (unos 11.500 euros).

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Source: elpais.com