Una redada de la policía migratoria el jueves en un negocio de venta al por mayor de mariscos en Newark (Nueva Jersey) ha suscitado un alud de preguntas sobre los límites y objetivos de las órdenes de deportación suscritas por el presidente Donald Trump en el primer día de su segundo mandato. La intervención de agentes del ICE (siglas en inglés de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en el establecimiento de Newark se saldó con un número indeterminado de detenciones, entre indocumentados y estadounidenses, entre ellos un veterano del Ejército. A la confusión en torno a esta redada se suma que la Casa Blanca ahora prevé ampliar sus planes de deportación para incluir a los 1,4 millones de residentes con permiso temporal, es decir, legales, como es el caso de ciudadanos que han huido de Cuba o Venezuela.
Aunque no está claro si la redada en la ciudad más populosa de Nueva Jersey obedecía a alguna de las nuevas directrices de la Casa Blanca sobre la aplicación de la ley ―el ICE lleva a cabo rutinariamente acciones en toda la región―, la presencia entre los detenidos de ciudadanos con papeles, reconocida por el organismo, así como, supuestamente, de otros con estatus de residencia temporal, hace sospechar que, más allá del objetivo confeso de deportar en primer lugar únicamente a los indocumentados con antecedentes delictivos ―incluidos muchos a la espera de juicio―, el alcance de la anunciada deportación masiva de irregulares incluirá también al millón largo de extranjeros beneficiarios de un permiso de residencia temporal concedido durante el mandato del demócrata Joe Biden. Activistas y grupos de abogados temen que la expulsión masiva alcance, además, a los miles de afganos y ucranios refugiados en EE UU desde 2021 y 2022, respectivamente.
En virtud de un memorando firmado el jueves por la noche por el jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional, al que ha tenido acceso el diario The New York Times, la Administración republicana ha instruido a los funcionarios del ICE para deportar rápidamente a los migrantes a los que se les permitió entrar temporalmente en EE UU gracias a los dos programas del mandato de Biden, la aplicación CBP One, para pedir asilo, y una iniciativa que posibilitó la entrada de ciertos migrantes que huían de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. Todos ellos disfrutaban de un permiso de residencia de hasta dos años conocido como parole, suprimido por Trump.
Just as he promised, President Trump is sending a strong message to the world: those who enter the United States illegally will face serious consequences.
El alcalde de Newark ha sido uno de los primeros funcionarios locales de Estados Unidos en pronunciarse sobre una redada concreta tras el arranque de la nueva Administración. En 2017, firmó una orden ejecutiva que consolidaba el estatus de santuario o refugio de la ciudad, y se opuso firmemente a las políticas de inmigración de Trump durante el primer mandato de este. Todo lo contrario de Adams, que ha apuntado su disposición a colaborar con los agentes del ICE en Nueva York, pese a que desde los años ochenta la ciudad está obligada teóricamente a proporcionar un techo a los recién llegados.
De los 11 millones de inmigrantes que se estima vivían en Estados Unidos de forma ilegal o con estatus temporal en 2022, alrededor del 44% lo hacía en Estados con leyes “santuario”, que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración. Esa cifra no incluye a los que viven en ciudades y condados refugio en lugares sin una ley estatal, como Nuevo México.
El confuso incidente de Newark, que solo han denunciado el alcalde y una representante, también demócrata, del distrito, fue confirmado por el ICE. En un comunicado, un portavoz señaló que los agentes “pueden encontrarse con ciudadanos estadounidenses mientras realizan trabajo de campo y pueden solicitar la identificación para establecer la identidad de un individuo, como ocurrió durante una operación de aplicación selectiva en un lugar de trabajo hoy [por este jueves] en Newark”. El alcalde, sin embargo, tildó de atropello constitucional el hecho de que uno de los detenidos fuera “un veterano del Ejército estadounidense que tuvo que soportar la indignidad de ver cuestionada la legitimidad de su documentación militar”. “Newark no se quedará de brazos cruzados mientras se aterroriza ilegalmente a la gente”, afirmó Baraka en un comunicado.
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Source: elpais.com