El decreto de 2022 que ordena la creación de nuevas universidades en España dicta ―como las leyes desde 1983― que es preceptivo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elabore un informe técnico que debe de ser aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria ―en la que están presentes los gobiernos autonómicos―. Sin embargo, su resultado no es vinculante para que una comunidad apruebe el campus. El decreto nacional no menciona la necesidad de ningún informe autonómico, y por lo tanto, sus conclusiones no condicionan la viabilidad de los proyectos con un juicio negativo. De modo que esta práctica, en la que la Comunidad enmascara el dictamen técnico, no es ilegal, pero sí pone en tela de juicio las palabras de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ―“Abrimos Madrid a todo proyecto de universidad, de todos los rincones de España, del mundo y especialmente de Hispanoamérica, siempre que cumplan los requisitos de calidad y excelencia”― y convierte en un paripé el proceso de evaluación regional.
La conducta madrileña choca con la de otras comunidades. En Cataluña el sistema está blindado, pues funciona el Consejo Interuniversitario de Cataluña, en el que están presentes las universidades públicas y privadas que analizan en conjunto qué necesita la comunidad y son muy estrictos. En la Comunidad Valenciana, que vivió una fuerte expansión de privadas con el PP que ya cesó, no resulta fácil que se abra un nuevo grado si las tasas de empleabilidad no lo certifican, mientras que Andalucía y Canarias, siguiendo la estela madrileña, se han vuelto muy laxas en los últimos años, pese a contar en muchas ocasiones con demoledores informes del ministerio.
Desde la Fundación para el Conocimiento Madri+d no contesta a las preguntas de este diario y remiten a consultar su página web. Por su parte, la Consejería de Educación y Universidades ―que pide a la fundación la elaboración de cada documento― concede alguna respuesta genérica. Explican que los informes “en su versión final pueden recoger aspectos a mejorar, que no invalidan el conjunto del proyecto”, además de detallar que estos son “valorativos” y “por tanto, no vinculantes”. “La apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por ley en la Asamblea de Madrid”, añaden con respecto a los nuevos campus.
El director de la fundación es Federico Morán, que fue número dos de José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación (PP), y su gerente, Juan Soler-Espiauba Gallo, que ha ostentado distintos puestos ligados al PP madrileño (diputado regional, senador y alcalde de Getafe). La fundación acaba de cambiar sus estatutos para posibilitar que Morán permanezca en el puesto dos años más con el voto en contra de los seis rectores de las universidades públicas.
La comisión depuesta la conformaban tres profesores de universidades públicas (UNED, Sevilla y Vigo) y han sido sustituidos por vocales de la pública (Girona) y la privada (UNIR y Comillas). El protocolo de la fundación afirma que compondrán el grupo “expertos académicos procedentes de universidades que no pertenezcan al Espacio Madrileño de Educación Superior”, pero se incumple. Comillas es una universidad privada de la Iglesia que forma parte del espacio universitario madrileño. Y aunque legalmente,tiene una gran sede en Madrid e intereses en la región; por ejemplo, su principal accionista acaba de entrar en el negocio de la Universidad Internacional Villanueva, una de las últimas privadas inauguradas en la comunidad.
―que nació en Segovia, pero quiere regirse por la legislación madrileña, donde tiene la mayoría de sus instalaciones, y que cuenta con el informe favorable del ministerio―, se desconoce la valoración final, porque la fundación ha colgado en su lugar unas alegaciones de otra universidad.
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Source: elpais.com