Pero en el ejercicio de 2023 fueron 46 los territorios que realizaron una menor inversión social por habitante, inferior al 60% de la mediana de gasto (61,74 euros por ciudadano), y aumentaron en nueve los ayuntamientos pobres en inversión social respecto al ejercicio anterior.

Estos municipios atendieron a sus más de tres millones de residentes con una inversión media de 51,53 euros por habitante cuando la media nacional de los ayuntamientos que superan los 20.000 ciudadanos se situaba en 102,12 euros por vecino al año. Y destinaron una dedicación del 5,8% de su presupuesto municipal total, mientras que el resto de los concejos españoles dedicaba a los servicios sociales una media del 10% de su presupuesto municipal.

Un año más, el 67% de los ayuntamientos pobres en 2023 también lo fue en 2022, por lo que estos territorios son reincidentes al mantener sus corporaciones municipales unos servicios sociales infradotados y, en consecuencia, carentes de los derechos sociales que les corresponden a sus ciudadanos de manera legítima.

Una edición más es la Comunidad de Madrid la que aporta el 43,5% de los ayuntamientos pobres en inversión social de todo el país. El año anterior representaba el 41%, por lo que ha incrementado sus territorios con una partida escasa. Cuenta con 20 ayuntamientos pobres en servicios sociales frente a los 16 que tenía el año pasado. Le siguen la Comunidad Valenciana con siete municipios, Extremadura con cuatro, Andalucía y Castilla La Mancha con tres, Baleares, Canarias y Cantabria con dos y Castilla y León y Cataluña con uno.

“El esfuerzo inversor realizado por los ayuntamientos incluye lógicamente las transferencias que reciben de sus respectivas comunidades autónomas, por lo que, en buena medida, también han de sentirse responsables de los resultados obtenidos por los municipios de su territorio”, explica la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Durante el ejercicio 2023, las 50 capitales de provincia españolas, donde habitan más de 30 millones de personas, con una notable incidencia en las políticas sociales llevadas a cabo en el país, pues representan al 65% de la población, realizaron una inversión en servicios sociales de 2.221 millones de euros con un gasto medio de 149,86 euros por habitante en el conjunto del país.

“El código postal es determinante en la configuración de la realidad de un sistema público, en contraposición a los principios de equidad y universalidad que debieran operar en el mismo”, lamenta la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Mientras Bilbao invierte 237,36 euros por habitante, Córdoba gasta 174,50 por ciudadano y Toledo 64,41 euros por residente.

Las liquidaciones del presupuesto de 2023 de 24 ayuntamientos no se encuentran publicadas en la página web del Ministerio de Hacienda a la fecha de cierre del presente estudio, por lo que no es posible constatar su inversión social. Entre ellos se encuentran Vitoria-Gasteiz, Utrera, Portugalete, Écija y Almansa.

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Source: elpais.com