Son las siete de la tarde, oscurece en Bilbao, y en el aparcamiento del colegio concertado Jesús María, que tiene una vista apabullante de la ciudad, una quincena de padres y sobre todo de madres hablan con aire grave. La dirección acaba de confirmarles en una reunión que cerrará el centro a final de curso por falta de alumnos. Los chavales serán recolocados en un colegio concertado cercano. El profesorado del Jesús María, parte del cual será muy probablemente despedido, ha convocado una huelga indefinida. Y decir que los progenitores están preocupados, advierte uno de ellos, cuyo hijo está en Bachillerato y ya ve cerca la Selectividad, es quedarse corto. “Lo que estamos es absolutamente indignados con la gestión que se está llevando”, afirma. El Gobierno vasco (de la mano, en este caso, de la patronal católica Kristau Eskola) es el único que admite estar embarcado en un “discreto” proceso de fusión de colegios en respuesta al vendaval demográfico que empezó a hundir la natalidad en 2009. Pero también hay preocupación en Canarias, que en 10 años ha perdido casi un 10% de sus escuelas públicas. Y en Galicia, donde han cerrado 105 colegios públicos en dos décadas mientras abrían seis privados más.
Recuerdan, al respecto, que uno de los grandes quebraderos de cabeza educativos que generó la pandemia fue que, al obligar a reducir drásticamente el número de niños por clase, los centros no disponían de suficiente espacio para todos los grupos, lo que llevó a reconvertir gimnasios y bibliotecas en aulas y a mandar a los chavales a estudiar a casa en días alternos. Una limitación, a la hora de reducir ratios, que esta vez no se produciría.
La evolución general esconde, sin embargo, fuertes contrastes. Por un lado, en función de las redes educativas: la pública ha perdido 110 centros en una década, mientras la privada (que incluye a la concertada) ha ganado 67. Se trata de una versión en pequeño de lo que está sucediendo con las unidades escolares; entre 2018 y 2023, recuerda Francisco García, secretario de la federación de Enseñanza de CC OO, la pública perdió 3.490 clases de infantil y primaria, y la concertada apenas 72.
Siete comunidades autónomas, de hecho, han ampliado su número de colegios pese a haber perdido alumnos. Destacan los casos de Madrid, que tiene 57 más (lo que supone un aumento del 4%); Aragón, 23 más (un incremento del 6%), y Baleares, con 21 más (una subida del 6,6%).
La previsión de Gortazar de que España se verá abocada a cerrar muchos colegios se basa, afirma, en lo sucedido en otros países, como los del Este de Europa después de la caída del muro, donde primero cayeron los alumnos “y, años más tarde, los centros y el personal docente”. El director adjunto de EsadeEcPol cree que en España, de momento, no se han producido muchos cierres porque llevarlos a cabo tiene un coste político. “Pero a largo plazo, los costes de no actuar son mayores”, afirma.
María Segurola, de la Fundació Bofill, advierte, por su parte, que mantener varios centros de una sola línea (esto es, con una sola clase en cada nivel de infantil y primaria) en una misma zona ―por ejemplo, en un municipio mediano, de unos 10.000 habitantes― genera con frecuencia segregación escolar al “favorecer dinámicas de competición entre los centros para atraer alumnado”. Los que menos matrícula consiguen, sigue Segurola, tienen incentivos para pedir a la administración que les asigne la llamada matrícula viva, chavales que llegan a mitad de curso y generalmente son extranjeros y pertenecen a hogares de bajo nivel socioeconómico, lo que contribuye a cronificar la estigmatización de dichas escuelas y a alejar a las clases medias de ellas.
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Source: elpais.com