La universidad privada (46 centros) ha dejado de ser subsidiaria de la pública (50) en España y, si los proyectos entre manos salen adelante, muy pronto se convertirá en la mayoritaria del sistema. En esta ecuación entran ahora tres comunidades en las que aún no se ha implantado ningún centro con ánimo de lucro: Extremadura (cuatro iniciativas), Asturias (dos) e Islas Baleares (una). Y queda como excepción Castilla-La Mancha, donde su Gobierno prepara una ley regional que fuerza a tener calidad a cualquier iniciativa privada. Los rectores de las universidades de Oviedo (Ignacio Villaverde), Islas Baleares (Jaume Carot), Extremadura (Pedro Fernández Salguero) y Castilla-La Mancha (Julián Garde) reflexionan en este encuentro con EL PAÍS sobre el valor de su institución en su región ―un motor económico, social y cultural incuestionable― y repiten una idea: no les preocupa competir con privadas, pero aspiran a que tengan calidad, que no se comporten como meras academias que transfieren el conocimiento de otros.
La cita es en la Residencia de Estudiantes de Madrid, foco de creación e intercambio científico y artístico de la Europa de entreguerras, la misión de cualquier universidad que se precie de serlo. Mientras un rector habla, el resto asiente y añade algo nuevo.
Abrir una universidad está en manos de un gobierno regional. La única intervención del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es un informe técnico que aprueban (siempre) los consejeros autonómicos en la Conferencia General de Política Universitaria (UGPU). Desde 2018 ―se hacían antes ya― se han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios, pero los ejecutivos regionales los obvian porque no son vinculantes. Estos rectores sostienen que sí debería serlo, para asegurar una mínima calidad técnica.
Garde, en una situación ventajosa respecto al resto, es muy tajante: “Una institución que no dedique fondos a investigar y que no permita a su PDI [personal docente investigador] investigar, no debería llamarse universidad y se acabó. Es una academia y ya no hay que darle más vueltas”.
Si la demanda de los estudiantes no se observa como un problema, sí las prácticas curriculares ―¿pueden absorber las empresas tantos becarios?― y sobre todo son clásicos los desencuentros por espacio y medios en los hospitales. El Tribunal Constitucional falló que las privadas podían hacer prácticas en la red pública valenciana, tras intentar frenarlas el Gobierno regional de izquierdas con una ley autonómica. A estos rectores les gusta el modelo catalán: allí una universidad no puede ofertar una titulación sanitaria hasta que no tenga garantizadas todas las plazas de prácticas.
“Hay cierta preocupación de que la universidad privada pueda tener hueco en la sanidad pública”, sostiene Garde. En especial en las zonas sin una red sanitaria privada potente para acoger a sus estudiantes. “En la Universidad de Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos cinco facultades de Enfermería, dos facultades de Medicina, una facultad de Farmacia… y resulta complicado encontrar no solo prácticas, sino profesionales para formación reglada [en esos centros sanitarios]”. Ahora parte de sus alumnos de primero de Medina saben que a partir de tercero recibirán clase en el Hospital General Universitario de Toledo, una ciudad que no dispone de esa facultad.
Y, en plena inflación de precios de la vivienda, los rectores recuerdan que si se instalan las privadas aún subirán más los precios de los pisos y sus alumnos, con un poder adquisitivo menor, van a verse perjudicados.
El impacto económico de las universidades públicas españolas es del 2,2% del Producto Interior Bruto, cuando su nivel de financiación es del 0,7% del PIB ( la LOSU aspira a llegar a l 1% en 2030), lejos del 1,2% europeo. Y, en paralelo, 31 una de las 46 universidades privadas han sido aprobados en estos últimos 26 años y sus ingresos se han incrementado un 97,8% entre 2008 y 2021. Previsiblemente, en abril se reunirá la conferencia general y se verá entonces el veredicto de los técnicos del ministerio, ajenos a disputas políticas. Sea el que sea, el gobierno promotor hará lo que quiera, pues el informe es preceptivo pero no vinculante.
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Source: elpais.com