En pocos meses habrá más universidades privadas en España que públicas y la calidad de estas es más que discutible en muchos casos. El ministerio se comprometió hace casi un año a endurecer las condiciones, pero no hay noticias de esos cambios y este miércoles, por iniciativa de Sumar, uno de los socios de Gobierno, los partidos de izquierdas (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos) han aprobado en la comisión de Ciencia y Universidades una Proposición No de Ley para que se modifique la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), de forma que el informe que hacen los técnicos del ministerio para la Conferencia General de Política Universitaria ―integrada por el Gobierno y las comunidades autónomas― pase a ser vinculante. El PNV se abstuvo por motivos competenciales y votaron en contra el PP, gran auspiciador del avance de la privada, y Vox.
Desde 2018 que llegaron los socialistas al poder los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han emitido 21 informes desfavorables, cinco positivos y otros dos condicionados a cambios, pero los ejecutivos regionales los obvian porque son preceptivos pero no vinculantes. Estas evaluaciones también se realizaban anteriormente. El Congreso, a través de la PNL, insta asimismo a ajustar los presupuestos para universidades al 1% del Producto Interior Bruto (PIB) como dice la LOSU y a que las administraciones autonómicas elaboren planes plurianuales de financiación.
La PNL emplaza también a que se establezcan mecanismos para fiscalizar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de los requisitos de calidad previstos en el decreto de creación y reconocimiento de universidades. Esta resolución, aprobada en 2021 con Manuel Castells al frente del ministerio, fuerza a los campus a demostrar en cinco años que tienen cierta calidad: plantilla (50% doctor), el número de alumnos (masa crítica razonable para actuar como una universidad, no un colegio), titulaciones (un mínimo de 10 carreras, seis posgrados y dos programas de doctorado) o presupuesto para investigación (al menos un 5% del total). El año que viene se verá quien cumple y supuestamente tendrá que cerrar la universidad que no lo haga, pero cuesta creer que los gobiernos autónomos que las aprobaron lo hagan. La Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) trató de saltarse el decreto, pero el Tribunal Supremo se lo impidió en 2022.
La iniciativa también insta a que se haga un mapa de titulaciones en España, para que “las plazas estén alineadas con las necesidades sociales y garantice la igualdad de oportunidades”. En una entrevista en este diario, la presidenta de los rectores, Eva Alcón, afirmó en septiembre: “Nos encantaría ofrecer muchas más plazas en titulaciones que tienen demanda, pero ¿sabes por qué no podemos? Porque necesitamos recursos en personal e instalaciones. ¡Qué más quisiéramos las universidades públicas que ofrecer donde vemos que hay demanda!”.
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Source: elpais.com