El presidente ha tomado represalias también contra las firmas de abogados que trabajaron en casos contra Trump y sus aliados, prohibiéndoles arbitrariamente por decreto acceder a los edificios federales y aplicándoles otras restricciones. La mayoría de las represaliadas han accedido a gravosas concesiones para salvar su negocio, pero recientemente el bufete Perkins Coie decidió luchar en los tribunales contra las represalias y más de 500 despachos han firmado una declaración en su apoyo, señalando las amenazas al Estado de derecho.

La movilización también ha crecido en la calle. El senador que ha atraído multitudes. Organizaciones ciudadanas de todo tipo también están saliendo a la calle con manifestaciones por todo el país. Tras el éxito de convocatoria de hace dos semanas bajo el lema ¡Manos fuera!, este sábado vuelve a haber protestas en los 50 Estados en llamado Día de acción contra las políticas y los abusos del Gobierno de Trump.

Dos jueces federales se negaron a intervenir el viernes cuando los abogados de los inmigrantes venezolanos iniciaron una desesperada campaña legal para impedir su deportación en el asunto en que ha actuado ahora el Supremo. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos aún no se ha pronunciado al respecto. Uno de los jueces, James Boasberg, que se ha significado frente a los abusos de poder de Trump, dijo que el caso planteaba preocupaciones legítimas, pero que no podía pronunciarse al respecto después de que el Supremo dictaminase recientemente que las órdenes contra la deportación solo podían provenir de titulares de las jurisdicciones donde se encontraban los inmigrantes.

En una decisión reciente, un Tribunal Supremo dividido permitió a Trump, con cinco votos a favor y cuatro en contra, seguir utilizando la ley, pero sin pronunciarse sobre el fondo. Aquella resolución sí señalaba y que deben contar con un “tiempo razonable” para acudir a los tribunales.

En su voto particular, las cuatro juezas del Supremo argumentaban que la ley bajo la que se escudan las deportaciones solo otorga al presidente el poder de detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de una “nación o gobierno hostil” cuando “hay una guerra declarada” con dicho país o cuando una “nación extranjera” amenaza con una “invasión o incursión depredadora” contra el territorio de Estados Unidos.

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Source: elpais.com