La paciencia de la Unión Europea con Hungría está al límite. Los últimos atropellos del Gobierno ultraconservador contra la sociedad civil, los medios de comunicación independientes y el colectivo LGTBI están a punto de desbordar el vaso. Un total de 20 Estados miembros del bloque comunitario —comenzaron siendo 17 y a lo largo del día se han sumado tres más— han firmado una declaración en la que instan a la Comisión Europea a actuar con celeridad contra la prohibición de la marcha del Orgullo LGTBI, prevista para el 28 de junio en Budapest.
Esas normas, sostiene la carta, “contradicen los valores fundamentales de dignidad humana, libertad, igualdad y respeto a los derechos humanos” recogidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Los firmantes instan a Hungría a cumplir con sus obligaciones internacionales y “revisar estas medidas”, que aprobó en marzo y abril. Urgen además a la Comisión a que “utilice con celeridad todas las herramientas del Estado de derecho a su disposición” si Orbán ignora su petición.
La Comisión Europea no ha tomado aún ninguna medida contra Hungría en relación con la prohibición del Orgullo, pero asegura que está estudiando todas las opciones, incluyendo llevar de nuevo a Budapest ante la justicia y solicitar medidas cautelares urgentes. El comisario de Democracia y Estado de derecho, Michael McGrath, ha afirmado que “la libertad de reunión es un derecho fundamental, no es una amenaza para los niños, no es una amenaza para nadie y debe ser protegida y defendida en todo momento”. Los comisarios europeos han sido invitados a asistir a la marcha por los convocantes —algunos gobiernos europeos, como España, han anunciado que participarán—; pero, según afirmó el lunes un portavoz de la Comisión, la decisión sobre su asistencia “aún no está tomada”.
Impedir la prohibición de la marcha es urgente, porque queda apenas un mes para su celebración. Pero ese no es el único atropello reciente a los valores democráticos europeos de Orbán. El Parlamento húngaro está tramitando una ley titulada Transparencia en la vida pública que parece inspirada en la norma contra agentes extranjeros de Rusia. El proyecto legislativo es el mayor ataque contra la sociedad civil y los medios de comunicación lanzado por Hungría hasta la fecha. El comisario McGrath ha afirmado que la medida viola el derecho de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales. “Hemos pedido al Gobierno húngaro que retire ese proyecto de ley”, ha recordado, y si no lo hace, el Ejecutivo comunitario tomará medidas.
Hungría acumula varios procedimientos de infracción, denuncias ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y multas, por leyes e iniciativas contra el colectivo LGTBI, contra los demandantes de asilo o contra distintos sectores de la sociedad. Tiene congelados, además, 18.000 millones de euros de fondos europeos por esos asuntos, que se suman al deterioro del Estado de derecho y la corrupción.
Hungría es el socio más incómodo de la UE. Además de los ataques a los principios democráticos de la UE, Orbán torpedea la unión en decisiones clave como la respuesta ante la amenaza rusa. Budapest, socio preferente de Moscú en la UE, trata de bloquear y retrasar sistemáticamente todas las medidas de apoyo a Ucrania. La UE pierde la paciencia, pero el desafío está lejos de terminar.
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Source: elpais.com