Samuel López de Marina Flores (18 años, Ciudad Real) ha dudado, más de una vez, si podrá terminar sin problemas económicos la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. “El primer año de carrera estaba preocupado, he tenido muchas conversaciones con mis padres por el alquiler. Hemos hablado sobre la ayuda económica que me dan, si pueden hacerlo sin que lo pasen mal a fin de mes”, cuenta. La mayor parte de su dinero se lo lleva la renta. En los últimos cuatro años el precio del metro cuadrado en Madrid ha aumentado un 48,9%, según datos del portal Idealista. La crisis de la vivienda golpea a quien se le ponga en frente, pero se ceba aún más con una población más vulnerable y con menores ingresos: los estudiantes que tienen que pagarse un techo.
Cuando López terminó el instituto decidió mudarse a Madrid para estudiar. En Castilla-La Mancha, donde vivía, la universidad no ofrecía el grado que deseaba. La Complutense era un lugar “cercano” y “con más seguridad por el prestigio que las ciencias políticas” tienen en su facultad. Se puso a trabajar en su pueblo, Pedro Muñoz (7.500 habitantes), durante un tiempo para ahorrar dinero antes de llegar. Además, obtuvo una beca del Estado (2.500 euros en total) y sus padres dijeron que lo apoyarían mes a mes con el alquiler. Tocaba buscar piso.
Según el último informe del Ministerio de Juventud e Infancia, los jóvenes de 15 a 34 años, destinan el 92% de su salario al pago del alquiler. Por ello, casi la mitad depende económicamente de terceros en diversos grados; siendo la principal fuente de ayuda los padres o madres. Justamente, para aliviar la carga familiar, López ha comenzado a trabajar en un Burger King ―a una hora y media de su piso― donde gana unos 400 euros. Todo lo destina a pagar su habitación.
“Había días que me levantaba a las 5.00. Dormía muy mal, no tenía ganas de comer porque se me descuadraba el horario, tenía poco tiempo para hacer los trabajos”, cuenta. La situación era tan insostenible que los últimos meses ha estado viviendo en casa de un familiar en Madrid.
Daniel Blázquez (18 años, Madrid) vive en San Sebastián de los Reyes y estudia con Irene. Se demora una hora y media de ida y otra hora y media de vuelta. Siempre y cuando los buses, el metro o el Cercanías funcionen sin problema. Cerca de cuatro veces al mes alguno falla, dice, entonces demora más de dos horas.
Las residencias estudiantiles tienen grandes beneficios para los alumnos: la mayoría incluye las comidas; limpieza; espacios de estudio y cocina; servicios como luz, agua, gas; y, especialmente, la cercanía a las universidades. Sin embargo, los precios oscilan entre los 700 y los 1.500 euros, tanto en el centro de Madrid como en los alrededores, ya sean de titularidad pública o privada. Algunas también ofrecen solo la habitación (individual o doble) para que el precio sea menor, por ejemplo, 514 euros en la compartida.
Otra opción a la que acuden algunos estudiantes es la convivencia con personas mayores. Es el caso de Daniel Benjumea, que viajó a Madrid desde Medellín, Colombia, para hacer un máster en data science y big data. Al llegar a España se hospedó durante cuatro meses en un piso compartido donde pagaba 450 euros al mes por una habitación, hasta que lo contactaron del programa Convive, de la organización Solidarios. “Es una ayuda muy grande para los estudiantes que estamos en la brecha entre formación y ámbito laboral”, explica.
Aunque , el aumento del coste de vida en la capital y el encarecimiento de los alquileres están teniendo un impacto negativo. Óscar Berdugo, presidente de EduEspaña (organización que apoya la internacionalización de los proveedores educativos), señala que, por primera vez, entre el año pasado y este, se ha detectado que algunos alumnos becados han renunciado a sus estudios porque no pueden afrontar el coste del alojamiento en Madrid. Además, comenta que, tras las restricciones impuestas por Donald Trump a los estudiantes internacionales en Estados Unidos, el sector educativo español espera atraer a más alumnado extranjero. Sin embargo, la burocracia y el alto precio de la vivienda podrían convertirse en un obstáculo.
En los últimos tiempos, empresas de co-living han visto en esto un negocio y ofrecen habitaciones para extranjeros en pisos compartidos, sobre todo para jóvenes. El negocio consta de una empresa que se hace cargo de un piso completo y alquila las habitaciones por periodos de tres a seis meses, renovables. El precio es más alto, por ejemplo, 650 euros en la zona de Ibiza en un piso para seis personas o 700 euros en Valdezarza, en una casa con ocho habitaciones. Sin embargo, los internacionales lo prefieren porque exige menos documentos y requisitos que los caseros tradicionales e incluye los servicios.
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Source: elpais.com