Sean cuales sean las razones, las mayores y principales consecuencias recaen sobre ellas, sobre las víctimas de violencia de género, “que son las que pierden la posibilidad de que el sistema que tiene que protegerlas sea mejor”, dice Rosa Arcos Caamaño, la portavoz en Galicia de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur), que son las de la parte de la geografía española a la que más afecta este hueco del sistema porque pertenecen a las poblaciones más pequeñas y por lo tanto a las que cuentan con menos personal. Porque si de algo requiere VioGén es de efectivos, y efectivos especializados en violencia de género.
Este sistema, creado en 2007 y único en el mundo, se ocupa de medir cuál es el riesgo de que una víctima pueda volver a sufrir violencia mediante entrevistas, tanto con ellas como con sus agresores; de meter esos datos en el sistema, y de tomar decisiones para protegerlas según el nivel de peligrosidad que da el programa como resultado de la información introducida.
Lleva, con datos del Ministerio de Interior, más de 6,5 millones de valoraciones de riesgo hechas desde que se activó y más de 840.000 casos recogidos, y son la Guardia Civil ―en los ámbitos rurales― y la Policía Nacional ―en los urbanos― los cuerpos que principalmente realizan este trabajo con personal formado para hacerlo, además de especialistas de la administración de Justicia, de Instituciones Penitenciarias, de servicios sociales o los equipos de violencia sobre las mujeres de las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno.
En este momento, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, hay 102.575 mujeres en el sistema registradas como víctimas de violencia machista: 15 en riesgo extremo, 978 en alto, 13.734 en medio, 43.235 en bajo, y 44.613 en no apreciado. Y ellas son solo las que constan oficialmente, porque son los casos en los que existe denuncia, pero se estima que la bolsa de violencia oculta se mueve entre el 80% y el 90%.
Y ocurre en la mayoría de ocasiones que son los casos de los que las instituciones no tienen constancia en los que los agresores acaban asesinando a sus parejas o exparejas; y en los que sí tiene constancia, los crímenes también se dan a veces en los niveles más bajos de riesgo. Por una parte porque las que están en peligro alto y extremo tienen de forma mayoritaria una protección que evita el posible asesinato; por otra, porque hay parte de la violencia que es muy difícil de predecir y otra que directamente es imposible.
Algo estrechamente relacionado con el reparto de la población en el territorio y el reparto, por tanto, de los efectivos. En un análisis del año pasado del profesor de la Universidad de Salamanca Daniel Terrón Santos ―Municipios rurales de reto demográfico y garantía del servicio de policía local―, aludía al inicio del estudio a que la “gran mayoría tienen menos de 5.000 habitantes, incluso menos de 2.000, con una extensión territorial considerable y un número de localidades integradas en el municipio en no pocas ocasiones, lo que no hace sino multiplicar varias veces el número de entidades locales existentes. En proporción, el número de agentes de policía local, cuando existe, es exiguo para las funciones que se exigen hoy a este cuerpo”.
Porque esa despoblación y esa dispersión territorial hace que muchos de esos municipios no tengan cuerpo de policía local propio, por un lado, y que sea la Guardia Civil quien se encargue de esas zonas que abarcan en muchas ocasiones varios núcleos de población. ¿Es normal que pueblos de 500 o 1.000 o 2.000 habitantes no estén adheridos a VioGén? Podría serlo si ni siquiera pueden tener cuerpo propio de policía.
Añaden también que “el retraso en la inclusión es que el convenio VioGén establece un marco general para las policías locales que no encaja” con lo que ya se hace en Las Palmas. “No tendría ningún sentido incorporarse para prestar una peor atención a las víctima. Llevamos tiempo negociando un convenio de forma que nos permita integrarnos sin desmontar el servicio que damos y esperamos cerrar el acuerdo en breve”, dicen.
En Teruel ese acuerdo está también sobre la mesa y afirman que depende del proceso de ampliación de plantilla en el que ahora mismo están inmersos. “Van a salir cuatro nuevas plazas en un proceso que finalizará más o menos a final de año, y cuando se refuerce esa plantilla se estará en disposición de firmar ese convenio, aunque ahora mismo no hay fecha definitiva ni clara”.
Desde Zaragoza cuentan primero “los antecedentes” de por qué aún no están en VioGén. “Desde que se puso en marcha, la izquierda gobernó durante varias legislaturas y no se hizo nada por entrar en el sistema”, alega el portavoz de ese ayuntamiento. La primera vez que se llevó a pleno fue en 2019, “con el PP gobernando en coalición con Ciudadanos”. Fue entonces cuando se empezó a trabajar entre la policía local de Zaragoza y los técnicos de la Delegación de Gobierno.
En medio llegó la pandemia y después una propuesta de la Delegación que no quiso asumir el consistorio, que era hacerse cargo no solo de las mujeres en nivel de riesgo bajo o no apreciado sino también medio. Pensaron que no era conveniente por el nivel de especialización que requiere y propusieron empezar por los niveles más bajos y hacerse cargo del medio más adelante, pero tampoco esa solución salió adelante y comenzó otra negociación que llega hasta hoy, con el PP en el gobierno municipal. En principio ya está cerrada ―“aunque no firmada”― y supondrá hacerse cargo del 10% de los casos de nivel no apreciado y bajo tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil.
Y esa cuestión política también la recuerdan desde Toledo, que entró este pasado 11 de julio a formar parte del sistema , un partido negacionista de la violencia machista y marcadamente antifeminista. Inés Cañizares, la vicealcaldesa y concejala de Seguridad Ciudadana, de ese partido de ultraderecha, es quien afirma al teléfono que después de muchos años de gobierno socialista, cuando llegaron, se encontraron “con que nunca se firmó el convenio que había sobre la mesa”.
Alega que era “disperso y no concretaba nada”, por lo que empezaron “el trabajo de nuevo” para adherirse a “una herramienta eficaz, útil, que no es propaganda y para la que se ha seleccionado a personas con un perfil específico porque esta cuestión lo requiere”.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico [email protected]
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Source: elpais.com