EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: [email protected]. Si es un caso en América Latina, la dirección es: [email protected].

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El pago de indemnizaciones en los casos de pederastia prescritos sigue siendo una de las tareas pendientes en la Iglesia católica española. Más de medio año después de anunciar la creación de una “comisión de arbitraje” para reparar unilateralmente a los afectados, a espaldas del Gobierno y sin contar con las víctimas, el plan con el que los obispos sacan pecho hace agua: de las 2.002 víctimas reconocidas por la Conferencia Episcopal (CEE) en sus informes, poco más del 2% (no llega al medio centenar), han sido reparadas.

El Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos (Priva) solo ha resuelto 25 solicitudes de las 80 recibidas, según los datos más recientes ofrecidos por la CEE. La mayor parte de los afectados acuden a las 70 diócesis y 300 órdenes religiosas, que es la otra vía para reclamar indemnizaciones. En los últimos años se han tramitado al menos 22, de las que ocho corresponden al pago de terapia, según contabiliza este periódico.

A las pocas indemnizaciones entregadas se le suma el malestar de las víctimas. EL PAÍS ha seguido durante el último año y medio los procesos de reparación de 115 víctimas, y un centenar de ellas desmiente que la institución eclesial esté acogiéndolas, tal y como asegura la jerarquía católica. Es más, muchos de estos procesos para solicitar la reparación se demoran durante meses ―e incluso años― y las ocasiones en las que la Iglesia paga, las cuantías difieren entre unos casos y otros, a pesar de ser similares.

La mayoría de las víctimas sigue tratando directamente con la orden o diócesis en cuestión, mientras que unas pocas lo hacen a través de la nueva comisión del Priva. Como muchos afectados ya habían reclamado una reparación (como contempla el código canónico) antes de la aprobación del nuevo plan, sus procesos siguen abiertos, en ocasiones después de años. Ante la pasividad, algunos afectados han acudido en busca de una solución al Priva y su petición también se está gestionando por esta vía.

Preguntada por esta cuestión, la CEE afirma que no sabe y remite a la comisión del Priva: “Nosotros no somos los portavoces de los baremos ni de por qué se les indemniza o no. Son ellos los que tienen que dar cuenta del trabajo”. Los obispos afirman que no disponen de datos, pero aseguran que dicha comisión los hará públicos. “Sabemos que tenían el compromiso de hacerlo público y de hacer una memoria anual”, dice un portavoz de los prelados españoles.

Aparte de este centenar de víctimas, EL PAÍS habló con otras 124 que denunciaron su caso ante la Iglesia, el Defensor del Pueblo o dieron a conocer su caso en la prensa, pero que han desechado iniciar un proceso de reparación con la Iglesia. Solo confían en que una institución pública lo haga. En este sentido, el Defensor del Pueblo propuso en el informe que le encomendó el Congreso de los Diputados (y que fue publicado en 2023) la creación de un órgano administrativo especial, creado para la ocasión, sea el que instaure un procedimiento de reconocimiento y reparación de las víctimas”.

Estas líneas chocan, primero, con la promesa que el secretario general de los obispos, César García Magán, lanzó a finales 2023, cuando se le preguntó por los casos de víctimas como Bautista: “La Iglesia va a reparar siempre”. Y segundo, también colisiona con otras actuaciones, como la de los jesuitas. Alfonso Caparrós sufrió una violación de un clérigo de esta orden en el colegio san Estanislao de Kostka de Málaga, en los años cincuenta. Denunció muchos años después y la congregación le pagó 7.500 euros en 2021, una cantidad que le pareció denigrante: “No solo no me sentí reparado, sino humillado e indignado tanto por la calderilla con la que intentaron silenciarme, como por el toreo, el engaño, la espera larguísima con insinuaciones de premio gordo para luego sufrir la vejación ya conocida”.

Este camino es el que también sigue una víctima de un agustino que ya fue indemnizada, tras un proceso de casi dos años. El acuerdo de compensación se cerró en 25.000 euros, 20.000 menos de lo que se había firmado meses antes en el preacuerdo, y es una cuantía muy inferior a la que recomienda el papa Francisco, que declaró que 50.000 euros “es una cantidad demasiado baja para víctimas de pederastia”. Eshmá (organismo que hace de intermediación con la iglesia y las víctimas de abusos) que estuvo presente en todo el proceso de investigación y reparación, aconsejó a la víctima recurrir también al Priva. En el acuerdo —en el que a la víctima de pederastia se le identifica como “beneficiario— se especifica que este “no supone ni podrá suponer ninguna limitación o impedimento para que el beneficiario, si lo considera de su interés, pueda acudir al Priva. En el caso de que la cuantía valorada por este posible nuevo órgano fuera superior a la percibida, el beneficiario podrá reclamar la diferencia a la Provincia y esta acepta su pago”. Si fuera inferior, no tiene por qué devolverla.

La guía del Priva, no obstante, establece que el plazo para emitir un dictamen de reparación, una vez iniciados los estudios de la documentación, será de “tres meses”. Durante este tiempo, según la propia guía, “los solicitantes tendrán acceso a una interlocución continua con la comisión”.

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Source: elpais.com