Solo el pasado año, al Estado español le constan 199.093 denuncias por violencia machista, 48 asesinatos perpetrados por parejas o exparejas, 16 feminicidios fuera de ese ámbito de las relaciones, nueve niños y niñas a los que sus padres o las parejas de sus madres mataron por hacerles daño a ellas y 36 huérfanos por esos crímenes. Según la última memoria de la Fiscalía, publicada el pasado año y con los últimos datos cerrados, los de 2023, el porcentaje de denuncia falsa es de un 0,0010%, es decir, dos de las 199.282 causas por violencia sobre la mujer de aquel año.

Son datos oficiales, recogidos por las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el Consejo General del Poder Judicial, además de otros organismos institucionales que dan cuenta de una realidad objetiva, que el partido de Santiago Abascal no solo niega, sino que, como parte de su estrategia política ―al igual que los ultras de cualquier territorio― intentan diluir y difuminar dentro de , ni están sujetas a la misma estructura, ni se dan por las mismas razones, por lo que las respuestas o las herramientas de las administraciones para prevenirlas y atajarlas no pueden ser las mismas.

El porqué, según , fue un mero trámite. “Con carácter general”, la Mesa del Congreso “no entra en el contenido de los actos que realizan los grupos parlamentarios”, que tienen derecho al uso de las salas, y contaba, además, con “el aval de los letrados” de la Cámara. Con una excepción, según ahondó esa misma fuente, cuando “sea explícito que se va a hacer algo inconstitucional o se va a incurrir en un delito de odio”.

Las jornadas tienen tres paneles muy concretos. Uno jurídico-político, llamado ¿Cómo se han configurado las leyes de Violencia de Género?; otro llamado Sociedad. ¿Qué consecuencias ha tenido la LIVG [Ley Integral contra la Violencia de Género] en nuestra sociedad?; y un tercero, Los perdedores. ¿Quiénes son las víctimas reales de la LIVG?. Solo con conocer los títulos de esas ponencias, los socios de Gobierno han plasmado en el escrito a la Mesa que, de realizarse, “el Congreso estaría participando en la difusión de un ideario incompatible con la legislación vigente, promoviendo la exclusión y la regresión de los derechos de las mujeres”.

Ese mismo día, el 27 de agosto, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, : “En el Congreso caben todas las voces. Es sede de la soberanía popular. Pero nos opondremos, como siempre, a que se den por sentados bulos, porque 1.318 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas. Esa es la VERDAD. Nos queremos vivas”. Y un día después, Carmen Fúnez, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, dijo en rueda de prensa: “No he visto el orden del día ni el programa de esas jornadas. Lo que sí que tenemos muy claro es que desde el Partido Popular tenemos absolutamente claro nuestro compromiso en la lucha contra la violencia machista”.

Para los socios de Gobierno, como para la parte del movimiento feminista que emitió el comunicado, ese acto ya contraviene de forma directa no solo las leyes aprobadas en ese Congreso ―entre ellas la Ley Integral contra la Violencia machista, por unanimidad―, sino uno de los preceptos constitucionales, la igualdad.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico [email protected]

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

Source: elpais.com