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Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:35
El Gobierno se pone las pilas y pretende limitar más el tiempo que los interinos pueden ocupar una vacante de empleo público tras el fracaso … cosechado en su lucha contra la temporalidad en la Administración Pública, que se mantiene en el entorno del 30% –muy lejos del 8% prometido-, a diferencia de lo que ha ocurrido en el sector privado, que ha reducido su tasa a mínimos del 15% con la entrada en vigor de la reforma laboral. Esto ya ha tenido consecuencias directas puesto que la Comisión Europea bloqueó el pasado julio el pago de 626,61 millones de euros de los fondos europeos por incumplir con «uno de los hitos clave»: introducir medidas eficaces para reducir el empleo temporal.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, comandado por Óscar López, ya ha presentado a las comunidades autónomas las líneas maestras del nuevo plan para luchar contra la temporalidad en España, la más elevada de Europa, que recoge iniciativas como imponer un tope de dos años por puesto, impedir el encadenamiento de contratos, reconocer la antigüedad de los interinos y fijas sanciones más duras.
Para Comisiones Obreras, estas medidas supondrían un «perjuicio gravísimo» para la continuidad del servicio público y establecerían «más trabas a la contratación», por lo que serían «totalmente ineficaces» para cumplir el objetivo de estabilización. «Es un parche y no aborda la problemática», añaden desde CSIF. Los representantes de los trabajadores públicos rechazan estas propuestas —conocidas, insisten, a través de los medios— porque «penalizan» a los interinos. «No se habla de la tasa de reposición que prometieron eliminar», recuerdan. Según sus cálculos, más de la mitad de los funcionarios del Estado están y estas medidas «provocarán un cuello de botella» en su sustitución.
Con este paquete de medidas, la Secretaría de Estado de Función Pública pretende cumplir los compromisos adquiridos con Bruselas para corregir el abuso de la temporalidad en la Administración. Dicho abuso ha motivado la apertura de dos procedimientos de infracción por «incumplimientos de los compromisos adquiridos desde 2021» y la mencionada congelación de 627 millones de euros de fondos comunitarios por «no compensar correctamente la tasa de temporalidad».
Con estas disposiciones, y con la reforma de la carrera judicial y fiscal actualmente en tramitación en el Congreso, Moncloa trata de adecuar la legislación española a sus compromisos comunitarios. Sin embargo, el Ejecutivo se ha quedado solo. «Nuestro compromiso con la estabilización es claro, pero no aceptaremos imposiciones unilaterales que debiliten la prestación de servicios básicos, como sanidad y educación, o que supongan un riesgo para los empleados públicos interinos, o generen nuevos costes sin financiación garantizada», apuntan representantes autonómicos.
Desde el ámbito sindical, las tres organizaciones mayoritarias, que representan al 80% de la función pública, advierten de un calendario de movilizaciones si no se atienden sus reclamaciones. «Hay falta total y absoluta de interlocución», recalcan. Sus reivindicaciones —además de la reducción de la temporalidad, la jubilación y la subida salarial— siguen sin respuesta. Hasta ahora los sindicatos no han visto aplicado ningún incremento retributivo en el presente ejercicio, a pesar de que la inflación acumula una media del 2,5%. Esto supone una nueva merma de poder de compra que se suma a la sufrida en los últimos años, una pérdida que, según cálculos de CSIF, ronda el 20% desde los recortes derivados de la anterior crisis económica.
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Source: www.hoy.es