Diana Morant argumenta: “El sistema de igualdad de oportunidades se está gripando en España”

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la modificación del decreto de creación de universidades, puesto en marcha por el ministro Manuel Castells en 2021, para cambiar los requisitos de calidad. Un intento de parar lo que el 31 de marzo el presidente Pedro Sánchez llamó “universidades chiringuito”, que a su juicio funcionan como meras “academias” auspiciadas por los gobiernos autonómicos para “ahogar” a las de titularidad pública.

Aunque el Gobierno ha tramitado por vía de urgencia el cambio ―con la argumentación de que las privadas (46), no siempre de calidad, están a punto de ser más que las públicas (50)―, este no ha entrado en vigor en mayo, como se anunció, pero al menos sí lo hace con el aval del Consejo de Estado. Aunque jurídicamente no está obligado, el Gobierno ha hecho caso a algunas de sus recomendaciones en aras de evitar problemas en los tribunales con empresas promotoras de campus. La ministra Diana Morant ha argumentado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: “El sistema de igualdad de oportunidades se está gripando en España”

En 1983, año que se aprobó la Ley de Reforma Universitaria, había 33 universidades públicas y cuatro privadas y hoy casi empatan. En los últimos 25 años no se ha abierto ninguna estatal frente a 27 nuevas en manos de fondos de inversión, la Iglesia o empresarios.

Hasta ahora la Conferencia General de Política Universitaria (en la que están las autonomías) aprueba un informe ―elaborado por los técnicos del ministerio― que se puede suspender porque no es vinculante y supone, en opinión del Gobierno, un coladero de proyectos de mala calidad.

El País Vasco y Galicia no tienen universidades online, pero sí Cataluña (UOC), vinculada a la Generalitat, y la Comunidad Valenciana es accionista de la Universidad Internacional de Valencia.

El Gobierno ha aceptado la sugerencia del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y los propietarios no tendrán que haber estado vinculados con el sector educativo, pero sí los gestores (es novedad).

A los seis años de haber sido creadas, las universidades tienen que matricular un mínimo de 4.500 estudiantes entre todas las etapas. Hasta hora no había una cantidad establecida, el decreto hablaba de suficiente “masa crítica”. Un colegio grande, con todas las etapas educativas, supera el millar de escolares. El Gobierno considera que sin masa crítica no se puede investigar ni tener bibliotecas, instalaciones deportivas o laboratorios de calidad. Además, es la forma de garantizar la sostenibilidad a largo plazo y su solvencia económica. Morant ha recordado que el 70% de la ciencia en España se hace en universidades y el 92% de ellas en las públicas.

Las universidades ya en marcha tendrían tres años para llegar a los 4.500 inscritos, salvo las creadas hace menos de tres años, que dispondrán de cinco años. En el curso 2023/24, la media de matriculados fue de 19.800 en las públicas y 11.000 en las privadas. En 13 de las privadas no llegaban a los 3.000 inscritos en la carrera.

A los tres años de su creación, además, los nuevos campus tendrán que disponer de plazas en residencia para el 10% de sus alumnos. Los rectores alertan de que la carestía de la vivienda está limitando el ascensor social.

Los estudiantes de formación permanente no podrán duplicar a los de la carrera. Se busca así poner freno al desbocado y lucrativo negocio de esas enseñanzas no oficiales que apenas pasan filtros de calidad.

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Source: elpais.com