Los referendos ilegales y el boicot a unas elecciones en el campus se penarán con esta cuantía. La pena de hasta 15.000 euros por colocar una pancarta se mantiene
La descripción de las infracciones con la calificación de “muy grave” ya no es tan vaga como en la versión del borrador de junio. Entonces se afirmó que se penaría con hasta un millón de euros “no garantizar, por acción u omisión, la pluralidad y la libertad en el campus, especialmente la libertad de expresión, y de cátedra”. O que serán castigados los universitarios por “no cumplir o permitir que se incumpla la Constitución, se vulneren o queden desprotegidos los derechos fundamentales y su pleno ejercicio por parte de las personas que se encuentren legítimamente en el campus universitario”. Ahora, el nuevo borrador de la norma es mucho más concreto. Se castigará con esa cuantía por “impedir o dificultar, por acción u omisión, los procesos electorales regulados por la ley en el campus universitario; así como permitir la celebración de referéndum ilegales”.
“Creemos que esta ley es un atentado a las libertades políticas, al principio de asociación y organización de los estudiantes. Es un poco cómico que la persona que se define como la gran defensora de la libertad, legisle un régimen sancionador”, opina Andrés Sánchez, secretario del Frente de Estudiantes en Madrid.
“Lo que quiere es criminalizar cualquier tipo de protesta. 15.000 euros por poner una pancarta es casi dictatorial. Apostamos por la paralización de este borrador de ley”, prosigue Sánchez, sorprendido que el propio Consejo de Gobierno (consejeros y Ayuso) castigue las faltas muy graves. Es decir, penaliza quien legisla. Las leves, en cambio, dependen del director general de Universidades y las graves del consejero de Educación.
En Madrid no son habituales los conflictos durante los procesos electorales internos. Aunque en los últimos comicios de la Complutense, en 2023, un grupo de siete personas —del que formaba parte el presidente de Nuevas Generaciones del PP, Ignacio Dancausa, y cuatro asesores del Ayuntamiento de Madrid (PP)— quien resultó elegido rector, el día de las elecciones (práctica prohibida la jornada de las votaciones, en las que no se puede hacer campaña electoral).
Los referéndum ilegales en los campus no tienen precedente en la Comunidad de Madrid. En Cataluña durante el proces sí se produjeron altercados en Barcelona y han continuado contra el colectivo S´ha Acabat, una asociación contraria a la independencia catalana. Tampoco hay en la capital pancartas a favor de ETA ―ni en el País Vasco, la organización terrorista anunció su cese definitivo en 2011―, pero son referentes que Ayuso usa constantemente.
“A lo largo de los años, hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado escraches a profesores y alumnos, impidiendo conferencias en libertad”, afirmó en 2022. “O persiguen, por ejemplo, a los alumnos de S’ha Acabat para que no puedan ir libremente a su universidad, a la facultad en Cataluña”.
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En 2021 se aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, que suplía un régimen disciplinario de 1954, firmado por Franco y que incluye un régimen sancionador para los estudiantes. En paralelo, el Estatuto del Empleado Público (1986) se aplica a los trabajadores de los campus. Hay, por tanto, un paraguas sancionador nacional por encima de las intenciones de Ayuso. Muchos señalan las similitudes de este conflicto con la ofensiva de Donald Trump contra las universidades estadounidenses, a las que acusa de “comunistas”.
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Source: elpais.com