El presidente de Colombia afronta su peor crisis con Estados Unidos mientras el futuro de sus reformas sociales se tambalea
Cuando faltan nueve meses para que deje el poder, el 7 de agosto de 2026, se agota su tiempo para pasar a la historia. En medio de la tempestad, el mandatario ha redoblado las apuestas y plantea un camino para mantenerse vigente incluso tras su salida de la Presidencia. Ese camino tiene un nombre: Asamblea Constituyente.
El presidente no se nota abatido, a pesar de la pésima semana para él, para su familia, para su Gobierno y para la izquierda colombiana. Por un lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ha incluido en la lista OFAC o Clinton, al igual que a su esposa, a su hijo mayor y a su ministro del Interior, Armando Benedetti, alegando que tienen vínculos con el narcotráfico. Washington, además, ha congelado todas las ayudas a Colombia, lo que pone en entredicho una cercana alianza militar de décadas.
En el terreno del trabajo legislativo, sus grandes reformas se tambalean: la Corte Constitucional discute una ponencia para tumbar la de las pensiones, el Consejo de Estado frena su reforma de la salud por decreto. En el flanco partidista, su principal enemigo político, el expresidente conservador Álvaro Uribe Vélez, vuelve al ruedo electoral tras haber sido absuelto por un tribunal de apelación, en segunda instancia, de todos los cargos en un sonado proceso penal por manipulación de testigos. Al mismo tiempo, su movimiento político elige este domingo su precandidato presidencial en una consulta abierta, sin saber aún si se presentará a las elecciones de 2026 como un partido o una coalición de fuerzas.
Mientras mantenía la tensión al fustigar a su oposición al asociarla con la mafia, guardaba la prudencia en el flanco internacional. Se cuidaba de criticar a Trump e incluso prometió no hablar de él mientras sea presidente, una forma de evitar una mayor escalada diplomática.
Con la Constituyente, en cambio, ponía el foco en lo local. No se trata de un anuncio menor para los colombianos, que en su mayoría ya han dicho que no apoyarían una reforma a la Constitución de 1991. En 2018, cuando buscaba ganar votos para la segunda vuelta presidencial, Petro firmó en mármol que nunca convocaría a una Constituyente ante el temor de que buscara eliminar la prohibición de una reelección, que en Colombia está prohibida. La izquierda tradicionalmente ha criticado la posibilidad de mantenerse en el poder y Petro asegura ahora que su propuesta “no es para hacer articulitos a favor”, en referencia al cambio que logró Uribe Vélez en 2006 para reelegirse y que luego fue eliminado bajo el mandato de Juan Manuel Santos. Ha dicho que se trata, más bien, de “profundizar” la Constitución que ya existe para sacar por esa vía las reformas que tambalean.
Petro sabe que no tiene tiempo. El camino es largo para reformar la Constitución en una Asamblea Constituyente. Primero el Congreso debe aprobar un proyecto de ley que la convoque, luego la Corte Constitucional debe avalarla, y después al menos 13 millones de personas deben participar en una votación ―Petro fue elegido en 2022 con 11 millones de votos en la segunda vuelta― en la que la mayoría debe aprobar la propuesta. Luego, además, habría que hacer otra votación para elegir a los delegatarios. Todo eso tomaría dos o tres años.
El camino para que Petro pase de ser presidente a miembro de una poco probable Asamblea Constituyente es tan largo, como es corto para que esa propuesta concentre la atención durante la campaña electoral que despunta. El presidente ha dicho que espera que se recojan 10 millones de firmas en apoyo de la iniciativa, en una campaña paralela y simultánea a la de los candidatos al legislativo y presidencia.
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Source: elpais.com