Los indicadores económicos dibujan un país en crecimiento, pero muchos jóvenes españoles no perciben esos avances en su día a día. Desde 2007, la exclusión social entre la población infantil y juvenil no ha dejado de aumentar, y ambos grupos se han convertido en “los grandes perdedores del modelo socioeconómico actual”, según el IX Informe FOESSA, elaborado por la fundación vinculada a Cáritas y presentado este miércoles. Hoy, 2,5 millones de los jóvenes viven en .
La organización advierte de una “cronificación alarmante” de la desigualdad y subraya que “el código postal y la mochila familiar pesan más que la capacidad y el esfuerzo”, porque el origen familiar determina más que el mérito las posibilidades de movilidad social. Además, la educación obligatoria ya no basta para escapar de la pobreza: el verdadero “cortafuegos” se encuentra ahora en los niveles postobligatorios —Bachillerato y Formación Profesional—, lo que multiplica los riesgos para quienes no completan estos estudios.
Con las vías de ascenso social cada vez más frágiles, el informe detecta un “malestar generacional” que erosiona la confianza en las instituciones. “La juventud española vive con profundo pesimismo ante su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la dependencia familiar y la imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo”, resume el documento, elaborado por 140 investigadores a partir de una encuesta a 12.289 hogares en todo el país. El estudio ofrece una radiografía de una España donde el crecimiento económico convive con una desigualdad estructural, y mide los niveles de inclusión y exclusión social a través de 37 indicadores en ámbitos como empleo, vivienda, educación y salud. En función de ellos, clasifica a la población en cuatro grados: integración plena, integración precaria, exclusión moderada y exclusión severa.
Los jóvenes de entre 18 y 29 años —nacidos entre 1996 y 2007— han crecido entre dos crisis sucesivas: la Gran Recesión y la pandemia de covid. En ese grupo, el 11% de la población vive hoy en exclusión severa, un 83% más que en 2007. “Es una generación marcada por la sucesión de crisis económicas y sociales”, resume el informe, que describe cómo cada crisis amplía la fractura social y las recuperaciones no logran recomponer las piezas. Aunque España ha reducido los niveles de exclusión total tras la pandemia —la proporción de hogares en exclusión cayó casi tres puntos entre 2021 y 2024—, la severa sigue muy por encima de los niveles de 2007. En total, 9,4 millones de personas sufren algún tipo de exclusión social. De esos, más de cuatro millones lo sufren de forma grave, un 52% más que antes de la crisis financiera.
La desigualdad salarial golpea especialmente a la juventud, que accede a su primer empleo en peores condiciones y con salarios entre un 15% y un 30% inferiores que las generaciones anteriores. Raúl Flores, coordinador del informe, advierte: “Esta no es una ‘crisis juvenil’, es una crisis de sociedad que nos hipoteca a todos, fractura la cohesión social, amenaza el Estado de bienestar y deteriora nuestra salud democrática”.
El informe destaca la “revolución laboral femenina” como el gran cambio estructural de la sociedad española: la participación laboral de las mujeres entre 32 y 42 años ha pasado del 40% en 1995 al 70% en 2024. Sin embargo, advierte que esta revolución ha sido incompleta. Las mujeres mantienen la sobrecarga del “segundo turno” doméstico y de cuidados: el 50,5% se ocupa de la mayor parte de las tareas del hogar frente al 18,9% de los hombres, y dedican casi 17 horas más por semana a cuidados.
Además, siete de cada diez personas cuidadoras principales son mujeres, e incluso el 22,6% trabaja a tiempo parcial por motivos de cuidados, frente al 4,9% de los hombres. “El cambio ha transformado el ámbito productivo, pero no la división sexual del trabajo”, concluye el documento.
A pesar de las dificultades, tres de cada cuatro intentan salir adelante: buscan empleo, se forman, recurren a los servicios sociales y ajustan gastos. El 77% ha participado en alguna estrategia de inclusión; más de la mitad ha trabajado durante el último año y uno de cada cuatro ha accedido a formación. “El mito de la pasividad de las personas en pobreza y exclusión, esa idea de que viven de prestaciones sociales sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa. Esta realidad demuestra que no fallan las personas, falla el sistema”, señala Flores.
Pero incluso el esfuerzo no siempre basta y . De hecho, más de un tercio de quienes viven en exclusión moderada o severa trabaja, aunque en condiciones precarias. Es el fenómeno que Flores denomina la “pobreza trabajadora”, que ya alcanza a sectores de las clases medias asalariadas. La precariedad, advierte el informe, se ha convertido en un rasgo estructural del mercado laboral español.
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
Source: elpais.com